El Green New Deal ni es tan green, porque tiene propuestas continuistas de economía marrón; ni tan new, porque en muchos casos solo actúa de envoltorio aglutinador de políticas pasadas; ni tan deal, porque le falta una contraparte, un contrapeso real que, por lo menos, compensara la alianza estratégica público-privada en la que se sitúa la propuesta, muy particularmente en el caso del European Green Deal. No obstante, de manera simultánea a la aparición de esta «solución verde» han surgido numerosas propuestas de diferentes movimientos del Sur global que consideran el Green New Deal un concepto y un territorio en disputa. Una disputa que hay que entender en unos términos muy concretos: no se trata únicamente de establecer y habilitar vías de diálogo con las instituciones promotoras para perfilar mejor el marco estratégico del Green New Deal a través de la incidencia política. Se trata, más bien, de hacer un ejercicio de reconocimiento histórico y actual del trabajo de base de infinidad de grupos y colectivos del Sur global, utilizando la ventana de oportunidad y de atención mediática que ofrecen los Green New Deal. Al mismo tiempo, las propuestas del Sur global tratan de romper con el relato oficial que limita la posibilidad de abrir debates más amplios y de índole más radical.
Así pues, el presente artículo quiere situar algunas de dichas propuestas alternativas provenientes del Sur global, poniendo el foco en los vínculos materiales, dado que las políticas que se deciden de manera unilateral en el Norte global tienen una fuerte dependencia de las cadenas mundiales de suministro —extracción, procesamiento, refinamiento, producción, montaje, transformación, fabricación, distribución, comercialización— sobre todo en las primeras etapas. Vamos a evaluar, pues, los actores, los mercados y los impactos y terminaremos planteando propuestas muy centradas en la minería urbana, una alternativa que podría actuar de articulación para el inicio de una lucha compartida: construir sociedades postextractivistas.
Desde el Sur global: la memoria de las alternativas al Green New Deal
Iniciativas como el Global Feminist Decolonial Green New Deal, el Red Deal: Indigenous Actions to Save Our Earth, el Pacto Ecosocial del Sur, el Feminist Green New Deal y el The Red, Black and Green New Deal comparten una característica: tienen memoria. Precisamente porque tienen memoria, articulan proposiciones postextractivistas, decoloniales y feministas. Con más o menos intensidad, reclaman la cancelación de las deudas externas, el reconocimiento de las deudas ecológica y climática, el fin de la violencia contra los pueblos indígenas y originarios, contra las mujeres y las identidades disidentes y contra las personas de color.
Hay que reconocer que cada una de las iniciativas que hemos citado tiene una naturaleza y una intención diferente. El Global Feminist Decolonial Green New Deal es una reflexión y un llamado por parte de la reconocida activista Bhumika Muchhala para incluir la dimensión feminista y decolonial al Green New Deal. El Red Deal: Indigenous Actions to Save Our Earth es impulsado por The Red Nation, una coalición de activistas nativos y no nativos, educadores, estudiantes y organizadores comunitarios, principalmente de América del Norte, que defiende la liberación de los pueblos nativos. El Feminist Green New Deal es otra coalición de organizaciones por los derechos de las mujeres y por la justicia climática que trabaja por la inclusión del análisis feminista en la situación de crisis medioambiental a la que nos enfrentamos. Finalmente, el The Red, Black and Green New Deal se define como una iniciativa diseñada para que las personas negras emprendan acciones que mitiguen el impacto de la crisis climática mundial.
El Pacto Ecosocial del Sur propone, entre otras cosas, anular las deudas externas, crear sistemas nacionales y locales de cuidados, establecer una renta básica universal, priorizar la soberanía alimentaria, fortalecer la autodeterminación de los pueblos indígenas y construir sociedades postextractivistas.
De todas estas propuestas, nos detendremos un momento en el Pacto Ecosocial del Sur, una iniciativa de un grupo de personas y organizaciones que reúne pueblos indígenas, académicos, investigadores, activistas, etc. de varios países latinoamericanos motivados por «la urgencia de construir dinámicas sociales capaces de contestar y contrarrestar las dinámicas de reacomodo capitalista, concentración de riqueza y destrucción de ecosistemas que vemos surgir en medio de la crisis de la covid-19, y de configurar, conjuntamente, un horizonte colectivo de transformación para América Latina que garantice un futuro digno». El Pacto propone, entre otras cosas, anular las deudas externas, crear sistemas nacionales y locales de cuidados, establecer una renta básica universal, priorizar la soberanía alimentaria, fortalecer la autodeterminación de los pueblos indígenas y construir sociedades postextractivistas.
El análisis de los contenidos del Pacto nos suscita una reflexión que será el hilo conductor a partir del cual profundizaremos en la cuestión. El hecho de que el texto hable explícitamente de «contestar y contrarrestar las dinámicas de reacomodo capitalista» nos lleva a pensar en cómo el impacto económico de la covid-19 ha reforzado y proyectado el sector verde. Nunca antes en la historia la salida de un bache económico se había caracterizado de este modo. Ahora las políticas de recuperación de la covid-19 refuerzan las tesis del capitalismo verde —crecimiento verde, desacoplamiento absoluto, desmaterialización, tecnología y mercados— y es este su reacomodo.
Por otro lado, y aquí es cuando los fundamentos del capitalismo verde se convierten en mitos, no se puede hablar de desmaterialización de la economía. Es decir, no se puede afirmar que se necesitarán menos materiales para la producción de bienes y servicios cuando, precisamente, no hay una evaluación real de cuál es la base material de las políticas relacionadas con los Green New Deal. Las llamadas tecnologías verdes —nos referimos principalmente a las energías renovables y los vehículos eléctricos— requieren unos materiales muy específicos que están repartidos por todo el mundo, y el Pacto nos lo recuerda: necesitan una capacidad extractiva y territorios al servicio de las cadenas mundiales de suministro.
Por lo tanto, el reto de construir sociedades postextractivistas es mayúsculo y no solo depende de lo que se haga desde el Sur global. Depende también de cómo se actúe desde los territorios que demandan amplificar la tecnosfera en nombre de la transición verde.
La base material para la transición verde en el Norte global
Intentemos, pues, dar algunas cifras tomando un ejemplo. La Unión Europea, en plena pandemia, aumentó la ambición climática hasta el 55 % de reducción de emisiones para el 2030. En este camino asegura que habría que llegar a los treinta millones de vehículos eléctricos en la UE en el año 2030.
El informe de la Agencia Internacional de la Energía (IEA) The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions [El papel de las materias primas en la transición hacia las energías limpias] nos proporciona los factores necesarios para hacer un simple cálculo de las necesidades materiales para llegar a los treinta millones de vehículos. Según la IEA, un vehículo eléctrico necesita, de media, 53 kilos de cobre, 9 kilos de litio, 25 kilos de manganeso, 13 kilos de cobalto, 66 kilos de grafito y medio kilo de tierras raras. Aunque la mayoría de materiales son para la batería, para el motor eléctrico también son necesarios.
Si comparamos la demanda de materiales generada para fabricar treinta millones de vehículos con la extracción anual que nos ofrecen los datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), descubrimos que supondría, de entrada y con los volúmenes de extracción actuales, acaparar un 1% del cobre mundial, una cifra aparentemente baja, pero que comportaría, sin lugar a dudas, un impacto en los precios. No obstante, supondría el 31 % del litio, el 27 % del manganeso, el 28 % del cobalto y el 18 % del grafito; es decir, tomaría un segmento muy importante del mercado internacional. Además, es evidente que la UE y el sector automovilístico no serán los únicos demandantes de materiales: tanto Estados Unidos como los BRICS y sectores como el de los plásticos, la cerámica, los lubricantes, el vidrio, la informática, las telecomunicaciones y la industria armamentística competirán por los preciados materiales.
Ciertamente, para ganar en precisión habría que evaluar las diferentes subtecnologías, pero no es el objetivo del artículo aburrir con datos. Lo más relevante es resaltar que el orden de magnitud de la demanda de tales materiales no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Llevar a cabo una transición de base tecnológica significa hurgar en el subsuelo hasta límites insospechados y hacerlo, además, en territorios más allá de los europeos —la República Democrática del Congo para el cobalto; Indonesia y Filipinas para el níquel; Chile, Argentina y Bolivia para el litio; Chile para el cobre; China para las tierras raras y un largo etcétera—. La propia IEA asegura que en dos décadas (2020-2040) la demanda de litio podría multiplicarse por 42; la de grafito, por 25; la de cobalto, por 21; la de níquel, por 19; la de tierras raras, por 7 y triplicarse la de cobre.
Ante esta situación, diferentes artículos académicos delCIRCE (Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos de la Universidad de Zaragoza) y el GEEDS (Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid) alertan de que las proyecciones indican que, para los escenarios que se plantean de tecnología verde, peligran los suministros y se corre un riesgo importante de alcanzar el límite biofísico de las reservas. Esto podría pasar antes del 2050 en el caso del litio, el níquel, el cobalto, el telurio, el indio, el neodimio, el cadmio, la plata, el galio, el zinc, el selenio, el manganeso y el cromo.
¿Un nuevo superciclo de las materias primas?
Los promotores del Pacto Ecosocial del Sur conocen en profundidad el «consenso de las commodities», el superciclo que supuso que América Latina entrara en un nuevo orden —económico, político e ideológico— sostenido por el boom de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo, que cada vez eran más demandados por parte de los países centrales y las potencias emergentes a principios de este siglo. Es posible que ahora mismo nos encontremos en una situación parecida, en un nuevo superciclo: un periodo de tiempo en el que una fuerte producción se sostiene gracias al crecimiento robusto de la demanda de productos y servicios. Hay hechos históricos que lo ejemplifican, como la industrialización de Estados Unidos a finales del siglo XIX, la reconstrucción de Europa y el Japón tras la Segunda Guerra Mundial o, más recientemente, el reposicionamiento de China como máximo exportador mundial de manufacturas.
Según el artículo del Financial Times «Is There a New Supercycle in Metals and Minerals» [¿Hay un nuevo superciclo de los metales y los minerales?], de Niel Hume, especialista en minería, el debate sobre si nos adentramos en un nuevo superciclo de las materias primas sigue vivo para los economistas. De todas formas, Hume proporciona datos relevantes: el precio del litio ha aumentado un 400 % en el último año llegando a los 60.000 dólares por tonelada en el mercado chino, mientras que el cobre ha duplicado el precio superando los 10.500 dólares por tonelada. El cobalto también ha subido un 40 % tan solo en seis meses. El níquel, a su vez, ha alcanzado el precio récord de los últimos once años y tendremos que ver cómo le afectan las sanciones a la Federación Rusa por la invasión de Ucrania, ya que Rusia es un gran extractor de níquel, además de cobre y cobalto.
En este contexto, los big four de la minería mundial —Anglo American (Reino Unido), BHP (Australia), Glencore (Suiza) y Rio Tinto (Reino Unido y Australia)— acaparan el interés de los inversores internacionales, porque consideran que las grandes empresas de minería son actores centrales de la transición verde. No obstante, los proyectos chocan con una mayor exigencia para obtener las licencias y permisos para la extensión y la construcción de nuevas minas, así como con la resistencia de las comunidades locales y activistas. Además, los nuevos gobiernos de Chile y Perú, países que concentran el 40 % de la producción mundial de cobre, discuten la posibilidad de nacionalizaciones y de imponer nuevos impuestos a las actividades mineras.
Por último, también se tendrá que poner en la ecuación el papel de China, dado que controla el mercado del procesamiento mundial de las materias primas para la transición verde —en 2019 procesó un 40 % de la producción mundial de cobre, un 35 % de la de níquel, un 65 % de la de cobalto, un 58 % de la de litio y un 87 % de la de tierras raras—. Guillaume Pitron, autor del libro La guerra de los metales raros, explica con detalle como la República Popular de la China ha desplegado su hegemonía mineral a escala internacional gracias a sus planes quinquenales XII y XIII (2011- 2015 y 2016-2020). Con estos planes consolidó la apuesta por acaparar las materias primas para la transición verde, a la vez que trataba de ir ganando etapas en la escala de valor —extracción, tratamiento, producción, transformación, fabricación y montaje—; aunque este interés ya venía de antes. Las ventajas competitivas de la República Popular, con su mano de obra barata y la ausencia de regulaciones laborales y medioambientales ofrecían un escenario que Pequín utilizó perfectamente a través de las joint ventures, las alianzas empresariales entre el gigante asiático y empresas occidentales. Dichas asociaciones permitieron deslocalizar la producción de Europa y Estados Unidos por el afán de las empresas de obtener un mejor rendimiento a corto plazo, pero al mismo tiempo supusieron la absorción de la destreza tecnológica por parte de China.
¿Tenemos alternativas? Hacia las sociedades postextractivistas
El hilo que nos ha llevado hasta aquí es cómo podemos contribuir, desde las políticas del Norte global, a aquello que señalaba el Pacto Ecosocial del Sur: construir sociedades postextractivistas. El primer aspecto que hay que tener en cuenta es que se deben abordar cambios estructurales profundos, a la vez que es imprescindible hacer un ejercicio de reconocimiento y reparación sin precedentes.
Como primer paso, nuestros excesos se curan con decrecimiento. No hay solución más justa que dejar de alimentar las cadenas mundiales de suministro y reducir drásticamente la necesidad de la tecnología para la transición verde. De hecho, en la tercera década del siglo XXI, no hay transición verde justa sin un decrecimiento planificado.
A pesar de este esfuerzo indispensable, siempre necesitaremos materiales: los podríamos conseguir recuperando los metales y minerales que se encuentran en nuestros vertederos. Esta actividad se llama minería urbana secundaria (entendiendo que la primaria es la extracción directa del subsuelo). Como afirma el informe de Ecologistas en Acción «Reciclaje de metales. La alternativa a la minería» el avance significativo de la minería urbana frente a la extracción primaria se ve limitado sobre todo por el factor económico. Sin embargo, si se compatibilizan la infinidad de externalidades de la minería primaria, las cuentas son bien diferentes. Hoy en día, el coste de la recolección, despiece, selección, separación y fusión en la producción de metales secundarios tiene que sufragarse con el valor de la comercialización de los materiales resultantes.
De todos modos, lo más importante es que la minería urbana nos ofrece la posibilidad de depender menos de las cadenas mundiales de suministro y, por lo tanto, relocalizar la actividad y reducir su impacto. Además, nos lleva a hacernos responsables de nuestros propios residuos y parar de transferirlos a terceros países. Así pues, tal vez, las políticas públicas deberían apostar firmemente por una I+D+i en este sector y dejar de alimentar los horizontes materiales imposibles del capitalismo verde. Hay ciertas dinámicas previsibles que pueden favorecer este proceso: mayor volatilidad de los precios de las materias, ruptura de algunas cadenas de suministro, volatilidad del precio de la energía. En consecuencia, relocalizar puede convertirse en un imperativo o, incluso, en el resultado de un análisis coste-beneficio.
Nuestros excesos se curan con decrecimiento. No hay solución más justa que dejar de alimentar las cadenas mundiales de suministro y reducir drásticamente la necesidad de la tecnología para la transición verde.
Está claro que la minería urbana no aborda la inmensidad del problema que plantean las alternativas del Sur global, pero puede ser, en palabras de André Gorz, una apuesta por reformas no reformistas para conseguir conquistas a corto plazo que permitan juntar fuerzas para una lucha más general. Esta lucha, entre muchas otras sin duda, es construir sociedades postextractivistas que asuman responsabilidades sobre sus metabolismos sociales y que se resitúen dentro de los límites biofísicos. Y la lucha es y tiene que ser compartida.
